Seis proveedores de Internet británicos (BT, Virgin Media, Orange, Tiscali, BSkyB y Carphone Warehouse) han acordado con el gobierno del Reino Unido de manera voluntaria un plan para acabar con la llamada ‘piratería’ en la Red, que incluye medidas como el envío masivo de cartas de advertencia a los clientes o el pago de un canon por parte de aquellos que quieran descargar contenido.

Este acuerdo descarta, de momento, la interrupción del servicio de Internet a los ‘infractores’ reincidentes, algo demandado por la industria musical, anunciado en otros países como Francia (el procedimiento de tres avisos y suspensión del servicio) y que los proveedores de Red rechazan. No obstante, se baraja la reducción de la velocidad de conexión, lo que dificultaría al abonado seguir descargando contenido.

Parte del acuerdo, según la BBC, consiste en que los proveedores de Red garanticen que sus clientes sepan que, al menos en el Reino Unido, compartir música protegida con ‘copyright’ es ilegal. Así, se enviarán decenas de miles de cartas, algo que alguna compañía ya ha puesto en práctica con anterioridad.

Según la cadena pública británica, Feargal Sharkey, responsable de British Music Rights, aseguró que “es un primer paso, muy grande, en lo que entendemos que será un largo proceso.

Otra medida propuesta es el pago de un ‘canon’ de 30 libras al año por parte de quienes quieran descargar contenidos protegidos, una cantidad que iría a parar a los artistas en función de sus ventas, informa el diario Telegraph.

Este sistema se parece al español: aquí, sin embargo, el canon digital se paga por el derecho del consumidor a realizar copias privadas, mientras que la propuesta británica es directamente una medida para compensar a la industria por la llamada ‘piratería’.

Según el diario Times, otra medida que recoge el acuerdo es la posibilidad de que sean los padres de los menores que descargan contenidos protegidos quienes respondan por ello, a través de su inclusión en una ‘lista negra’.

Además, el gobierno británico tiene previsto iniciar una serie de consultas que podrían desenbocar en nuevas leyes que obliguen a las compañías de Internet a vigilar la llamada ‘piratería’ de contenidos, algo a lo que se niegan dichas compañías, que rechazan un eventual papel de ‘policías de la Red’.

Fuente: El Mundo

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